Por Jessica Ortega
Morelos iniciará el proceso electoral 2026-2027 con 12 partidos políticos, ocho nacionales y cuatro locales, que competirán por los 36 ayuntamientos y el Congreso del Estado. La elección exige condiciones de seguridad, transparencia, orden y paz para quienes participen y para la ciudadanía.
Las amenazas, ataques y asesinatos contra actores políticos, además de las investigaciones y detenciones del Operativo Enjambre contra alcaldes, exalcaldes y funcionarios por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, muestran un riesgo que rebasa la competencia entre partidos. Cuando la violencia condiciona quién participa o los intereses criminales alcanzan una candidatura, se vulneran la democracia y la libertad ciudadana para elegir.
Blindar el proceso electoral exige proteger a candidatas y candidatos y cerrar el paso a perfiles vinculados con intereses criminales antes de que lleguen a las boletas o a un cargo público.
Los partidos tenemos que asumir nuestra responsabilidad política. En Movimiento Ciudadano revisaremos perfiles, trayectorias y antecedentes. Una estructura electoral, recursos económicos o posibilidades de triunfo no serán suficientes para obtener una candidatura. La responsabilidad empieza desde la selección de quienes pretendan representarnos.
El Gobierno del Estado debe garantizar la seguridad del proceso y establecer coordinación con las autoridades electorales, de seguridad y de justicia. Las amenazas contra actores políticos, los riesgos detectados y la información sobre posibles vínculos con grupos delictivos exigen prevención, investigación y actuación antes de que la violencia alcance las campañas o el crimen gane espacios dentro de las instituciones.
Aquí también está en juego el derecho de la ciudadanía. Si la violencia decide quién puede competir, si el crimen influye en quién aparece en una boleta o si el miedo condiciona el voto, la elección deja de depender plenamente de los ciudadanos.
La seguridad es indispensable para garantizar la elección de 2027. Si una amenaza decide quién participa, la violencia condiciona una campaña o el crimen interviene en las urnas, no hay democracia. El Estado tiene que garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto con libertad y sin miedo.
