Desde el Muro de los Lamentos, en la Plaza de Armas, Margarita Cárdenas Nava, mujer indígena de Coatetelco, denunció que el IMPEPAC y el Ayuntamiento de su municipio vulneraron los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas al permitir que las medidas obligatorias de paridad quedaran sin cumplimiento efectivo en la elección de ayudantías municipales.
A título personal, exigió al Tribunal Electoral del Estado de Morelos atender la sentencia SCM-JDC-297/2026, emitida el 30 de septiembre por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF. Esta resolución revocó el sobreseimiento de su demanda y reconoció su interés legítimo para defender la paridad, aunque no hubiera participado como candidata.
El IMPEPAC había ordenado reservar, cuando menos, el cincuenta por ciento de las posiciones de autoridades auxiliares municipales exclusivamente para mujeres. Sin embargo, el Ayuntamiento de Coatetelco incorporó solamente una sugerencia de alternar el género de quienes ocuparan los cargos. El resultado fue la elección de cuatro hombres y una mujer para encabezar las cinco ayudantías municipales.
Aunque el IMPEPAC identificó medidas incumplidas y parcialmente cumplidas, no ordenó iniciar el procedimiento sancionador previsto en su propio acuerdo. “Una obligación pierde eficacia cuando su incumplimiento se admite sin activar las consecuencias establecidas para hacerlo respetar”, sostuvo Margarita.
Cárdenas Nava señaló que este caso evidencia una resistencia institucional que obliga a las mujeres indígenas a luchar por las medidas de igualdad, exigir su cumplimiento y defender su derecho a acudir a la justicia. “Exijo al Tribunal Electoral de Morelos que estudie integralmente mis argumentos, con perspectiva de género e intercultural, y que no deje desamparadas a las mujeres de Coatetelco”, expresó.
La Sala Regional ordenó que, si no existe otra causal de improcedencia, el Tribunal local estudie el fondo de la controversia, sin volver a cerrar el juicio por la falta de interés ya descartada. La sentencia todavía no resuelve la legalidad del acuerdo del IMPEPAC ni ordena imponer sanciones.
Margarita afirmó que continuará exigiendo acceso efectivo a las ayudantías municipales y respeto a los derechos de las mujeres dentro de la autonomía comunitaria. “Las mujeres indígenas tenemos voz, derechos y capacidad para ejercer el poder”, concluyó.








