El diputado federal Juan Ángel Flores Bustamante presentó una solicitud formal y respetuosa a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para que, en el ámbito de sus atribuciones, se evalúen las acciones necesarias para proteger el predio conocido como La Cazahuatera, ubicado en Cuernavaca, y se analice la viabilidad de destinarlo a la creación de un parque ecológico público.
Al acudir a Palacio de Gobierno para hacer la entrega de dicha petición, el legislador destacó que la conservación de los ecosistemas urbanos y periurbanos es fundamental para proteger la biodiversidad, preservar la selva baja caducifolia y garantizar el derecho de las y los morelenses a un medio ambiente sano. Subrayó que cualquier decisión debe sustentarse en estudios técnicos y jurídicos, atender al interés colectivo y respetar plenamente los derechos de las personas propietarias.
Flores Bustamante reconoció la lucha de habitantes, especialistas y organizaciones ciudadanas que han impulsado la defensa de La Cazahuatera, así como la participación pública del regidor Gabriel Rivas Ríos en esta causa.
El diputado señaló que el artículo 2, fracciones III, V y IX, de la Ley de Expropiación por Causas de Utilidad Pública del Estado de Morelos contempla supuestos relacionados con la construcción de parques y jardines, la conservación de lugares de belleza natural y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
La solicitud presentada a la titular del Ejecutivo estatal contempla cuatro líneas de acción: primero, realizar un diagnóstico integral que permita conocer la superficie, titularidad, situación jurídica, condiciones ambientales, características urbanísticas y viabilidad financiera del predio; segundo, evaluar las distintas alternativas de protección, como una declaratoria de Área Natural Protegida, acuerdos de conservación, adquisición negociada o, en su caso, un procedimiento de expropiación conforme a derecho, además de posibles medidas preventivas de protección ambiental.
Tercero, propone establecer una mesa de trabajo con autoridades estatales y municipales, especialistas, organizaciones civiles y representantes ciudadanos, a fin de construir una propuesta de conservación que contemple el acceso público compatible con el entorno natural, un plan de manejo y opciones de financiamiento.
Asimismo, plantea que, si el proyecto se concreta y mediante los procedimientos y consultas correspondientes, el espacio pueda llevar el nombre de “Parque Ecológico Gabriel Rivas Ríos”, como reconocimiento a su participación y a la defensa ciudadana de este patrimonio ambiental.
Cuarto, solicita establecer una ruta de acción con autoridades responsables, estudios necesarios, primeras actuaciones, plazos estimados, necesidades presupuestales y mecanismos de información y seguimiento público.








